El último viernes, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció por cadena nacional el envío al Congreso de tres proyectos de ley que reparan algunas deficiencias históricas de la Justicia en relación a los Derechos Humanos.
¿Querés saber en qué consisten?
- Proyecto 1241: Modificar la legislación que regula el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos a fin de adecuarla a los avances de la ciencia en la materia.
Las reformas establecen que el BNDG que funciona en el Hospital Durand será un organismo descentralizado dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; sus integrantes serán peritos oficiales exclusivos en las causas penales de identificación de hijos o hijas de personas desaparecidas; y sólo tendrán acceso a sus informes quienes presuman ser hijos o hijas de personas desaparecidas.
- Proyecto 1242: Establecer un procedimiento para la obtención de muestras de ADN que resguarde los derechos de los involucrados y resulte eficaz para la investigación y juzgamiento de la expropiación de niños originada en la dictadura militar.
Por lo tanto, los jueces podrán ordenar el secuestro de objetos que contengan restos de ADN para realizar las pruebas genéticas, si los involucrados se niegan a someterse a una extracción de sangre.
- Proyecto 1244: Reformar el Código Procesal Penal de la Nación para garantizar de un modo más eficaz la participación judicial de las víctimas y las asociaciones intermedias conformadas para la defensa de sus derechos en los procesos por crímenes de lesa humanidad.
Es decir que las asociaciones o fundaciones podrán ser querellantes en esta clase de juicios.
Si bien Cristina aseguró que no se trata de “un gesto de generosidad”, estas iniciativas implican duros golpes dirigidos a los restos de la dictadura desde el corazón del mayor centro clandestino de detenciones y torturas de la Armada: el salón Dorado del ex casino de oficiales de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La jefa de Estado realizó los anuncios durante el homenaje a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 1979 llegó al país en una histórica visita. Por esos años, la delegación integrada por los ex comisionados Tom Farer, de Estados Unidos, y Marco Gerardo Monroy Cabra, de Colombia, y el entonces secretario ejecutivo chileno Edmundo Vargas Carreño se instaló en las oficinas porteñas de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde recibió las denuncias de familiares de secuestrados y desaparecidos. Un año más tarde, publicó un informe que develó las violaciones cometidas por el terrorismo de Estado desde la toma de poder de Jorge Rafael Videla en 1976.
Por fin los pañuelos blancos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, símbolos del amor y de la búsqueda inclaudicable, obtienen algunos de los reconocimientos por los que luchan desde hace más de 33 años.
Fuente: Presidencia de la Nación
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